Las venas abiertas de la República de Colombia

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Este artículo no pretende ser un análisis exhaustivo y especializado sobre la política tributaria y el tamaño del Estado Colombiano en el siglo XX y parte del XXI. Pretende en cambio, plantear interrogantes de índole moral sobre dos hechos que han sido descritos minuciosamente en el capítulo 6 del libro: Economía Colombiana del siglo XX: un análisis cuantitativo, publicado por los economistas James A. Robinson y Miguel Urrutia en el 2007; el primero es que la carga tributaria de nuestro país, es decir el porcentaje del PIB que proviene de impuestos, ha pasado de representar un 4% en 1905 a un 14% en el 2003 y la segunda que el gasto público, es decir el dinero que se gasta para construir carreteras, hospitales, garantizar la salud y la educación, pagar sueldos de empleados estatales etc., ha pasado del 5% a más del 20% en el 2003. Cabe anotar que los impuestos no son la única manera que tiene el Estado para obtener sus ingresos, pero representan la contribución que el ciudadano hace a este para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones constitucionales; existen otras formas de financiación que no son objeto de este análisis. Lo anterior quiere decir que la cantidad de dinero que se ha recaudado de nosotros los contribuyentes y las empresas por parte del Estado Colombiano ha aumentado. Surgen entonces las siguientes preguntas: si el estado Colombiano tiene más dinero ahora que antes y la tendencia de la carga tributaria va en aumento, ¿Por qué tenemos carreteras de mala calidad, salud de mala calidad, educación de mala calidad, sueldos miserables y una calidad de vida por debajo de los estándares moralmente aceptables?

Para responder estas preguntas debemos analizar la situación a partir de hechos concretos y verificables. Además debemos confrontar los hechos que la prensa de investigación seria de nuestro país muestra y que pasan desapercibidos para el ciudadano común (el que paga los impuestos), con hechos ocurridos en otros países en momentos históricos distintos al nuestro. Para el caso particular de este pequeño artículo me interesa hablar sobre dos artículos de opinión publicados por el periodista Daniel Coronell en la revista Semana, uno titulado Debajo de la basura y el otro El amigo secreto. En el primero se muestra como el señor William Vélez pertenece a una élite extractiva de contratistas (de la cual es solo uno de sus muchos representantes), ha amasado una exorbitante fortuna con la realización de contratos de construcción de obras públicas con el estado Colombiano durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La segunda sobre como Tomás Uribe, el hijo del mencionado expresidente, intermedió para que se diera una reunión entre Miguel y Guido Nule (hoy en la cárcel por robar dinero público) con el representante de la multinacional Odebrech, André Rabello, un delegado del gobierno panameño, Juan Eslava y Leonardo Carreño, socio de los hijos del expresidente. Es con base en esta clase de hechos que suceden en nuestro país que podemos dar respuesta a las preguntas planteadas arriba: el dinero que tributamos no sirve para que el estado Colombiano cumpla sus obligaciones constitucionales, en cambio sirve para que particulares y funcionarios del gobierno construyan grandes fortunas con el erario público.

Lo que he comentado me recuerda y evoca el repudio que la filósofa y escritora Ayn Rand sentía hacia el estado y la moral que este muchas veces representó durante la construcción de los primeros ferrocarriles en Estados Unidos, en Colombia carreteras. Tengo la sensación de que al escribir sus Notas sobre la empresa libre Estadounidense, en la cual critica duramente el hecho de que las vías de ferrocarril construidas por el Estado y sus contratistas solo habían sido una excusa para robar dinero público y no para contribuir al desarrollo del país en el siglo XIX, no solo muestra un hecho que ocurrió en el Estados Unidos de esa época, sino también en cualquier país que comienza un proceso de crecimiento de su maquinaria estatal y de su capacidad de recaudar impuestos. Es posible que el papel heroico que esta escritora le da a la iniciativa privada comprometida y a la libre empresa con el progreso de los países en ese ensayo, no se aplique del todo a Colombia, aquí el sector privado en cierta proporción se asocia con los políticos para robarle al estado y los contribuyentes; las investigaciones de Daniel Coronell lo evidencian. Tal vez como decía Karl Popper en sus Conjeturas y refutaciones, el Estado aunque es un mal menor, debe existir para garantizar los derechos y libertades de los individuos e impedir que el fuerte haga daño al débil. Para garantizar los derechos y libertades de los individuos debe existir la propiedad privada y una oferta mixta de servicios, es decir pública y privada, que garantice la educación, la salud, infraestructura vial, entre otros. Posiblemente el crecimiento del estado en Colombia no sea el problema, es posible que el problema real sea la falta de moral de los políticos y algunos empresarios y la falta de control por parte de los ciudadanos en las urnas. Sin embargo entre todas estas incertidumbres hay algo claro y verificable, el dinero que se roban los políticos y los contratistas del estado, son las venas abiertas de la República de Colombia.